Suben la luz y la gasolina: pierden el planeta y los consumidores

El segundo verano de la era COVID no está siendo precisamente favorable para los consumidores. Cada día millones de familias se despiertan con la noticia de una nueva subida del precio de la luz, que alcanza ya niveles históricos, y con el temor a activar al aire acondicionado en plena ola de calor por el riesgo de que se dispare la factura energética a final de mes. Ahora, además, es el precio de la gasolina la que se sitúa en cifras récord, escalando hasta niveles de 2013.

En el mes de agosto, según el Boletín Petrolero de la Unión Europea, la gasolina se vende a 1,49 euros el litro, mientras que el gasóleo se sitúa en 1,27€. Ambos precios se sitúan en sus picos de precio desde 2013 y 2014 respectivamente. La propia Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ya advirtió el pasado mes de junio de que el precio promedio de la gasolina en nuestro país presentaba un aumento continuado durante los últimos siete meses.

Por su parte, el precio diario de la electricidad en el mercado mayorista sigue batiendo récords cada día, situándose en el 13 de agosto en 117€/Mwh, el nivel más alto de la historia, suponiendo la quinta mayor subida consecutiva. Esto supone un aumento de más del 190% con respecto al año anterior y hace prever que, si julio de 2021 ha sido el mes con el precio medio de la luz más caro de la historia, posiblemente agosto lo supere.

Una situación en la que, como casi siempre, el principal perjudicado es el consumidor. Los datos del incremento del precio de ambas fuentes energéticas añaden más dificultades en un contexto como el de la elevada pobreza energética en España. En el año 2020 uno de cada diez consumidores tenían que destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura eléctrica de su vivienda, una situación que junto a la nueva tarifa eléctrica por tramos y la subida del precio del Mhw, hará aún más complicada la vida de miles de familias.

Desde ADICAE se vuelve a insistir en la necesidad de plantear una regulación inmediata y exhaustiva tanto del mercado eléctrico como del combustible para proteger a los consumidores frente al abuso continuado en la manipulación de los precios. Las instituciones públicas deben abandonar la dejación de funciones en su labor de control de un mercado cada vez más descontrolado, con el objetivo de garantizar el acceso de las familias a un sistema energético económico y, sobre todo, sostenible.

En este sentido, la apuesta por una economía circular debe ser la punta de lanza en el cambio de una economía tradicional a un nuevo modelo en el que adoptar hábitos de consumo más eficientes y en el que se apueste de manera decidida por energías renovables. Ya está demostrado que la generación de energía de fuentes renovables supone un coste menor, económico y para el planeta. Ya está demostrado que los consumidores hacen todo lo posible por ajustar su consumo a parámetros de sostenibilidad. Es el turno de los productores, los reguladores y las autoridades.