Déficit galopantes, precios por las nubes, vaivenes normativos… ¿Cómo se ha llegado a la actual situación del mercado eléctrico español?
La transición de un sector eléctrico de oligopolio, integrado por unas pocas empresas, a un mercado en competencia, no se ha desarrollado en España con el mismo éxito que en otros países, lo cual no es culpa tanto del modelo sino de la excesiva intervención del Gobierno en la parte regulada del precio de la electricidad. Los precios de la energía en el mercado mayorista de producción de electricidad en España están en línea con los precios de los mercados europeos, pero el segundo componente del precio de la electricidad que determina el gobierno mediante el BOE, los peajes por el uso de la redes eléctricas, han sufrido continuos aumentos anuales como fruto de las decisiones políticas de cargar sus ocurrencias en el recibo de la luz. De lo que no cabe duda es que el Gobierno actual tiene una tarea gigantesca para devolver el coste de la luz a su cauce, reto que está afrontando con desigual acierto pero con bastante independencia de las presiones de los agentes del sector.
¿Qué parte de la responsabilidad de lo ocurrido recae en las decisiones políticas y qué parte en las eléctricas?
Las políticas energéticas de los gobiernos españoles en época de bonanza económica basaron la diversificación de la producción eléctrica del país y la reducción de la dependencia energética en el apoyo a las energías renovables, mediante incentivos que se han demostrado inadecuados por su inasumible coste en la factura eléctrica de todos los españoles en el difícil momento actual. Las empresas eléctricas también se han visto afectadas por la crisis económica, ya que las inversiones que realizaron en los últimos 10 años para apoyar al sistema eléctrico mediante centrales de gas de ciclo combinado (energía firme para compensar la variabilidad de otras fuentes de generación como la energía eólica), se encuentran actualmente en serias dificultades por la caída de la demanda eléctrica del país, y también la retribución por la actividad de distribución de las compañías eléctricas ha sido revisada a la baja por el gobierno actual.
¿Qué solución se le podría dar a la actual situación sin que los consumidores fueran los más perjudicados?
La solución es difícil, porque el precio de la electricidad que pagamos los consumidores es de los más elevados de Europa. El gobierno debería sacar del precio de la luz todo aquello que no tiene relación directa con la producción y distribución de la electricidad, y sufragar el coste de sus políticas energéticas mediante los presupuestos generales del Estado.
¿Hay tras la complejidad del sistema eléctrico voluntad de opacidad o más bien se ha tratado de una sucesión de parches?
Es claro que las decisiones políticas sobre energía no han estado respaldadas por criterios económicos sostenibles. Pero indudablemente en el sector eléctrico hay muchos intereses empresariales, de las empresas eléctricas tradicionales pero también del resto de inversores que han entrado en el mercado eléctrico español en los últimos 15 años. Estos intereses están representados por lobbies muy potentes, que tratan de defender muy activamente sus intereses. En este escenario, los consumidores domésticos necesitan estar mejor representados, para que los problemas recaudatorios del sector eléctrico no repercutan de manera tan gravosa en la factura eléctrica de los usuarios.
¿Cómo van a afectar los últimos cambios legislativos a los consumidores? Puede bajar la parte variable del recibo, pero la parte fija tiene ya mucho más peso…
El término fijo de potencia contratada, que todos los usuarios pagamos en nuestra factura mensual de electricidad, prácticamente se ha duplicado en el último año. Así que por muchos esfuerzos de eficiencia energética que realicemos, cada vez pagamos más en el recibo de la luz. Estamos atrapados.
¿La regulación del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (antigua TUR) va a generar discriminaciones entre los consumidores con derecho al precio regulado? ¿Estos cambios pueden empujar a más consumidores al mercado libre?
Indudablemente, si el Gobierno termina por aprobar el sistema propuesto de traspasar a nuestras facturas los precios horarios de las subastas diarias, muchos consumidores optarán por contratar con una empresa comercializadora en el mercado libre y así al menos saber lo que van a pagar cada mes por la energía. Con el sistema propuesto por el Gobierno, no conoceremos el precio de la electricidad hasta que no haya transcurrido cada mes de facturación, ya que dependerá de la evolución diaria de los precios del mercado mayorista que gestiona el operador OMIE.
¿Qué pueden hacer los consumidores para abaratar su factura de sus casas?
Por un lado, ajustar la potencia contratada al menor valor posible que permita mantener nuestros electrodomésticos e iluminación en funcionamiento (ajustar la potencia contratada es un derecho del consumidor, reconocido en la ley), y así pagar menos en el término fijo de la factura. Cada kilovatio de potencia contratada nos cuesta aproximadamente unos 50 euros anuales, y para muchos hogares es suficiente una potencia de 3,3 o 4,4 kW. Por otro lado, tenemos que estar atentos a las oportunidades del mercado de comercialización eléctrica, por si encontramos ofertas y descuentos de empresas eléctricas que nos permitan reducir el precio del término variable, el que está relacionado con el consumo mensual.
A mayor escala, ¿Los consumidores pueden hacer algo para lograr un sistema eléctrico más justo?
Indudablemente, los consumidores tienen que demandar no ser los paganos de cada reforma energética del Gobierno, que siempre termina por aumentarnos el precio de la electricidad a los usuarios finales para intentar arreglar los problemas del sector eléctrico.
