La iniciativa ciudadana europea ‘Right2Water‘, promovida por varias asociaciones comunitarias y españolas, cifra en medio millón los avisos de corte de agua que se registran todos los años en España consecuencia directa de la crisis económica y los abusos bancarios y empresariales que han mermado hasta la extenuación los bolsillos de millones de consumidores. Esto es, cada hora se registran entre 50 y 60 órdenes de corte de agua, en un proceso que va incrementándose de manera exponencial a medida que las rentas familiares siguen disminuyendo.
Así lo manifiesta el portavoz español de esta iniciativa ciudadana, Fernando Antón; han presentado una ILP a nivel europeo respaldada por 1,68 millones de firmas de ciudadanos de 13 estados miembros, incluido España. En ella reclaman obligar a la Unión Europea y los Estados miembros a garantizar que todos los habitantes disfrutan del agua como derecho y que el suministro de agua y la gestión de los recursos hídricos estén excluidos de procesos de liberalización y privatización. También piden más esfuerzos a la UE para lograr el acceso universal al agua y los servicios sanitarios.
Antón confirma que España está entre los países europeos con más riesgo de sufrir problemas de desabastecimiento de agua, tanto por cuestión económica, como por déficit de recurso, como por problemas de saneamiento. La Comisión Europea ha reclamado a España que garantice el abastecimiento mínimo de agua para todos los ciudadanos tras admitir que existe un problema por impago de facturas por la crisis.
España está entre los países europeos con más riesgo de sufrir problemas de desabastecimiento de agua, tanto por cuestión económica, como por déficit de recurso, como por problemas de saneamiento
Entiendo lo sensible que es esto y lo difícil que resulta para los ciudadanos», ha admitido el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, en declaraciones reflejadas por Europa Press. «Aquí también estamos haciendo todo lo posible porque de forma clara estamos pidiendo a los Estados miembros que respeten lo que ya han decidido respetar en lo que se refiere a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud» para que «garanticen un abastecimiento mínimo de agua a todos los ciudadanos» que responda a las condiciones de vida «óptimas» para «todo ser humano», ha precisado.
«Hablamos de 25 a 30 litros al día y pedimos a los Estados miembros en esta comunicación también que respeten este principio y respeten lo que es bueno para la salud de los ciudadanos», ha insistido el vicepresidente comunitario, admitiendo que el problema en España es «complejo». «Tenemos que buscar las respuestas no sólo a nivel europeo, sino también a nivel regional y también nacional y local», ha apostillado.
MOROSIDAD HIDRÁULICA
Tal y como explica Fernando Antón, una vez que se inicia el proceso de corte de agua, se abren dos alternativas para los consumidores. La primera, renegociar la deuda pendiente y abonarla como se pueda para evitar el corte, lo que ya de por sí sobrecarga todavía más los depauperados bolsillos de los usuarios. La segunda, asumir que el corte va a producirse y esperar mejores tiempos para abonar la deuda, soportando un tiempo indeterminado sin agua. Esto provocará nuevos cortes; «la multa correspondiente y el reenganche, que también hay que pagar, aunque no se pueda».
De ahí esta iniciativa popular, que ha arrancado un compromiso teórico de la UE, «aunque nos ha dejado más bien fríos». Antón explica que la UE tiende a poner en valor la autonomía legislativa de los estados en materia de planificación hidráulica, lo que supone muy poca apuesta por la defensa del agua como bien público. «No quieren legislar, ni quieren proteger a los ciudadanos de las consecuencias de lo que será un gran negocio de futuro, en el que tienen sus miras puestas todas las grandes multinacionales».
De momento, según explica el portavoz español de ‘Right2water’, la factura media del agua en España ha subido entre un 25 y un 35 por ciento desde que comenzara la crisis económica. «Hay numerosas diferencias entre cada localidad», puesto que el servicio del agua suele ser competencia municipal, «pero sí estamos detectando subidas en determinados lugares de más del 50% y, sobre todo, la creación de nuevas figuras impositivas que recargan sobre los ciudadanos el servicio del agua». A su juicio, se trata de preparar el negocio para el momento en el que las privatizaciones lleguen.
