Medio año después de que se haya hecho obligatorio contar con un certificado de eficiencia energética para aquellas viviendas en venta o alquiler, el cumplimiento de esta normativa sigue suponiendo un gran lío para los consumidores. Muchas empresas lo quieren presentar como un mero trámite, y ofrecen sus servicios para certificar las casas por apenas 35 euros, aunque hay tarifas que alcanzan los 300 euros. El consumidor debe saber que no cumplir con la normativa le puede acarrear una multa de hasta 600 euros, pero que si hay un error o falsedad en el certificado, la responsabilidad es del técnico o compañía que lo realizó.
Desde junio de 2013 cualquier propietario debe contar con un certificado energético para poder vender o alquilar su vivienda. Estos certificados califican la vivienda según su nivel de eficiencia energética asignándole una graduación entre la A y la G (de más a menos alta). En algunos casos, muchas empresas tramitan estos informes de forma automática sin que ningún técnico acuda a la vivienda para realizar un estudio real de la eficencia energética de la misma, por lo que lo convierten en una mera formalidad sin más sentido que cumplir con la normativa y evitar una posible sanción que podría ascender hasta los 600 euros.
Sin embargo, el objetivo de esta regulación es cumplir con una directiva de la Unión Europea para intentar que las casas consuman cada vez menos electricidad y sean más sostenibles con el medio ambiente. Un afán que en España se está viendo de difícil cumplimiento, ante la proliferación de prácticas que solo buscan evitar la sanción en lugar de obtener un resultado real.
La obligación del certificado energético no deja de ser una paradoja en nuestro país, sobre todo tras una reforma eléctrica que tiene como único objetivo hacer frente a un supuesto déficit tarifario y olvida objetivos de sostenibilidad medioambiental y de reducción de consumo de energías no renovables.
BUSQUE EL MENOR PRECIO POSIBLE, PERO CON GARANTÍAS
Los certificados energéticos deben emitirse por un técnico superior, arquitecto o ingeniero. Se puntúa la eficiencia energética con letras, de la A a la G y tienen diez años de validez.
Los precios van desde los 35 euros hasta los 300, pero es necesario asegurarse de la validez del certificado emitido. Es necesario comprobar que, junto con la calificación, se entrega una propuesta de mejora de las condiciones de la vivienda, que es exigida por el Real Decreto. Es asimismo obligatorio registrarlo en la comunidad autónoma; si tras este registro se produjera cualquier incidencia debe responsabilizarse la empresa o al colegio profesional que ha tramitado el certificado.
Ya se han abierto expedientes por parte de los órganos competentes de las administraciones autonómicas por calificaciones que no se ajustaban a la realidad de la vivienda. En cualquier caso, el responsable de tener el certificado de eficiencia energética es el propietario de la vivienda, pero el encargado del contenido y veracidad es el técnico competente que lo firma. Por eso, si se produce algún tipo de falsedad en el documento, el responsable último será el técnico o empresa que lo expede.
