A finales del pasado mes de noviembre el Parlamento Europeo aprobó el derecho a reparar en todos los estados miembros de la Unión Europea. De esa forma, el organismo europeo daba un paso adelante en cuanto a la limitación de dispositivos digitales de un solo uso, obligando, al mismo tiempo, a los fabricantes a facilitar la reparación de sus productos, para lo cual éstos deberán suministrar toda la información sobre los mismos que sea requerida.
Esta aprobación del derecho a reparar, que ha sido calificada por la UE como un paso más de cara a su Nueva Agenda del Consumidor 2020-2025, en la que especifica como prioridad la transición ecológica, el fomento de la reparabilidad, y la lucha contra la obsolescencia programada, para los consumidores es algo que se tiene que poner en tela de juicio, pues parece increíble que se tenga que aprobar un derecho a la reparación cuando eso es algo que se ha hecho desde la aparición de las máquinas a vapor y la electricidad.
Que se haya tenido que «aprobar» este derecho a reparar es una muestra más de la mala praxis que se ha estado desarrollando a nivel global. A nadie sorprenderá ya la recomendación de comprar un producto nuevo en vez de reparar otro antiguo que se ha estropeado porque esto último es muy caro, o la imposibilidad de reparar un producto porque alguno de sus componentes está descatalogado o porque la marca no suministra la información necesaria para ello.
Las distintas marcas aducen que si ponen tantas trabas para la reparación es para evitar que terceros proveedores puedan generar daños o fallos en la seguridad por un manipulado incorrecto de los dispositivos. Lo que no tienen en cuenta, al mismo tiempo, es que esa no reparación de los soportes digitales provoca una cantidad ingente de residuos electrónicos.
Las cifras son demoledoras
Sin ir más lejos, según un estudio de Global e-waste, en 2019 se generaron 53,6 millones de toneladas métricas de desechos electrónicos en todo el mundo, un 21% más en solo cinco años, según el Global E-Waste Monitor 2020 de la ONU. El informe también predice que los desechos electrónicos globales (productos desechados con una batería o enchufe) alcanzarán 74 Mt para 2030, casi el doble de los desechos electrónicos en solo 16 años.
Para más inri, solo el 17,4% de los desechos electrónicos de 2019 se recogió y recicló, eso supone que todo tipo de materiales contaminantes fueron quemados, vertidos a los mares o que están tirados por la superficie terrestre.
Concreción en el derecho a reparar de la UE
En el marco del nuevo derecho a reparar de la UE, el Parlamento Europeo proponer perseguir y sancionar aquellas actividades de los fábricantes que persigan reducir intencionadamente la vida de los dispositivos electrónicos. No en vano esto es algo que llevan desarrollando las conocidas marcas de telefonía a nivel mundial desde hace años, pues, por ejemplo, Apple tuvo que pagar una serie de multas en Francia y en EE.UU tras reconocer que una actualización de software en los iPhone limitaba el rendimiento del procesador en algunos modelos como excusa para salvaguardar el funcionamiento de la batería.
El texto también habla de limitar las prácticas de lavado de imagen ecológico que desarrollan las empresas, de forma que se presentan como sostenibles y encubren las prácticas poco ecológicas que llevan a cabo. En ese sentido, ADICAE tiene en esa temática una de sus especializaciones y espera que no sea solo un eslogan por parte de la Unión Europea y entre en el fondo de la cuestión; esto es, generando información y formación y castigando con duras penas a las empresas que las desarrollen.
Ahora bien, lo más interesante que se extrae del derecho a la reparación es la propuesta de crear un sistema visible y sencillo de entender para los consumidores, de forma que éstos puedan hacerse una idea de lo fácil, o no, que puede ser reparar un aparato. La dificultad residiría en cómo lograr que gráficamente sea claro para los consumidores.
En ese sentido Francia se ha adelantado al resto de los países miembros de la UE y desde principios de 2021 utilizará un índice bastante claro de puntuación -de 0 a 10-, para que todo el mundo sepa hasta qué punto existirán facilidades para reparar productos, tanto por los precios, como por el stock de piezas o la disponibilidad de información. Su incorporación a España podría ser de gran utilidad en ese sentido, pues pasaríamos a tener también un «Nutriscore» de los electrodomésticos y demás dispositivos electrónicos que ofrezca claves sobre la reparación.
De todas formas, ya existen páginas web que ofrecen todo tipo de información sobre cómo desmontar cada nuevo aparato que llega el mercado para saber si es fácil repararlos, o que venden kits de autoreparación e instrucciones para ello (aunque esto último debería ser suministrado por los fabricantes). La más conocida de todas es iFixit.
Lógicamente no se puede obligar a nadie a que en vez de adquirir nuevos productos repare los antiguos, pero sí se pretende que todo aquel que desee tener un producto duradero pueda tener garantizada la reparación del mismo para seguir disfrutando de él. Por ahí parece que van a ir los tiros en la Unión Europea y desde ADICAE es motivo de felicitación, eso sí, con reparos hasta observar posteriores avances.
