En octubre se pondrá en marcha la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), el “superregulador” que se encargará de supervisar sectores clave como la energía o las telecomunicaciones. A pesar de su importancia, el Gobierno tramitó la Ley y el Real Decreto que regula sus funciones y competencias sin permitir a los consumidores presentar alegaciones a través del órgano de audiencia estabecido a tal efecto. Sin la participación de los consumidores, el nuevo organismo nace sin la legitimidad necesaria para responder a los retos que tiene por delante.
En la CNMC se fusionan la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP), la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria (CREA) y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). La CNMC se organiza en cuatro direcciones generales de Competencia, Telecomunicaciones y Sector Audiovisual, Energía y Transporte y Servicios Postales, y tiene como tarea principal la “supervisión y control de todos los mercados y sectores económicos”.
El momento elegido para poner en marcha la CNMC no puede ser más delicado, ya que el sector eléctrico se encuentra en pleno proceso de aplicación de la reforma eléctrica aprobada en julio por el Gobierno, y que va a suponer un duro golpe para los consumidores. Justo cuando llega una de las medidas más relevantes y que mayores quebraderos de cabeza puede crear a los consumidores, el organismo encargado de supervisarla, la Comisión Nacional de la Energía, se va a encontrar en un proceso de disolución e integración en el nuevo “superregulador”. Algo parecido ocurre en el sector de las Telecomunicaciones, en el que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones hace “mudanzas” en pleno momento de despliegue de redes de fibra óptica y de servicios de internet móvil a gran velocidad, además de acuerdos entre compañías para ofrecer servicios conjuntos.
La CNMC va a tener competencias sobre los campos que más intensamente afectan a los consumidores, pero el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del que depende el “superregulador”, ni consultó la reforma con las asociaciones de consumidores ni les comunicó un periodo de alegaciones para poder evaluar y presentar alternativas a la ley que crea esta entidad. A esto se une que en los primeros pasos de la CNMC se está dejando de lado la participación de los consumidores, ya que entre los consejeros elegidos no hay ninguno procedente del ámbito de las asociaciones de consumidores.
La creación del “superregulador” supone una oportunidad perdida para establecer un organismo que vele por los derechos de los consumidores, y que actúe en su defensa, más allá de la supervisión del mercado.
